La jueza María Romilda Servini habilitó a Jorge Di Lello a impulsar el expediente, producir pruebas y tomar declaraciones en referencia a los subsidios clandestinos para desocupados y que en forma directa involucra al actual diputado nacional por Juntos por el Cambio, Ricardo Buryaile y que en Formosa fue impulsado por el Dr. Williams Dardo Caraballo.

La causa por la implementación de un subsidio clandestino para desocupados a través de punteros de Juntos por el Cambio en plena campaña electoral quedó a cargo del fiscal que acusó formalmente a exfuncionarios de Mauricio Macri. La decisión de la jueza federal María Servini de delegarle la instrucción al fiscal Jorge Di Lello representa un revés para los exministros Dante Sica y Ricardo Buryaile, así como para otros exfuncionarios y referentes del macrismo acusados por su participación en la maniobra en la que se investiga una maniobra de clientelismo electoral a gran escala.

Se trata del último movimiento de la causa 7852/19 surgida a raíz de una investigación de Ámbito Financiero, relacionada con el montaje de un plan de bonos de $ 5.000 para desempleados sin otros ingresos que jamás fue publicado en el Boletín Oficial ni publicitado con excepción de la promoción que llevaban adelante los propios candidatos del entonces oficialismo como gestores ante los potenciales beneficiarios.

En total el programa distribuyó unos 130 mil subsidios en todo el país y agotó un presupuesto de $650 millones.

En la provincia de Formosa, por caso, el Dr. Caraballo denunció que más de la mitad de los fiscales de Juntos por el Cambio había percibido ese pago, lo que alimentó sospechas de que se lo utilizó como mecanismo para reclutar a desempleados para llevar adelante la tarea el 27 de octubre pasado.

La derivación del caso al fiscal Di Lello implica que el funcionario tendrá mayor margen para producir pruebas y llamar a testigos y sospechosos a declarar. De hecho fue Di Lello quien en base a una nota de este diario resolvió abrir una investigación de oficio que fue previa a la radicación de la denuncia de los apoderados del Frente de Todos y a la constitución formal de un expediente en la Justicia federal por parte de la jueza Servini. La magistrada lo resolvió en las últimas horas de 2019 aunque la novedad trascendió este lunes.

Además de haber abierto de oficio una investigación y de darle impulso a la que tramitó Servini, a fin de año el fiscal imputó formalmente a Sica, a Buryaile (exministros de Producción y Trabajo, y de Agroindustria, respectivamente), al exsecretario de Empleo Fernando Prémoli, al intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto y a Juan María Cravero, excandidato a jefe comunal de Roque Pérez. Mientras que por la investigación basada en Formosa (sobre una denuncia del abogado Dardo Williams Caraballo) fueron acusados el delegado de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Germán Villalba, la delegada del Ministerio de Desarrollo Social Irina Zárate, el delegado de ANSES Diego Herrera, y el concejal Miguel Montoya.

El fiscal también le propuso a la jueza tomarles declaración testimonial a los intendentes Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez) y al exjefe comunal de San Antonio de Areco Francisco Durañona. Los tres habían dado cuenta de maniobras en sus respectivos distritos por parte de dirigentes de Juntos por el Cambio, que aspiraban a ganarles la elección, para ofrecer el pago del subsidio a pesar de no contar con cargos ejecutivos ni estructuras formales para hacerlo.

Tanto Di Lello como el apoderado del Frente de Todos Jorge Landau sospechan que el montaje del plan pudo constituir una violación al artículo 139 del Código Electoral que castiga con penas de uno a tres años de prisión a quien “compeliere a un elector a votar de manera determinada”. Mientras que la fracción de la investigación iniciada en Formosa apunta a dilucidar si de manera colateral se utilizaron los bonos a desocupados como mecanismo ilegal de cooptación de fiscales.

El programa de bonos se basó en una resolución interna de Producción y Trabajo, la 1177, que llevó la firma de Prémoli y que echó mano de un programa preexistente en esa cartera para dotarlo, por primera vez en dos años, de un presupuesto de $ 650 millones para la distribución de subsidios. La investigación de este diario expuso primero la normativa nunca publicada en el Boletín Oficial y cuyo acceso estaba restringido a funcionarios, y luego la proliferación de denuncias en varios distritos, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, acerca de que punteros del entonces oficialismo nacional ofrecían gestionar el bono para desocupados con una intencionalidad electoralista.

Incluso luego de abierta la causa judicial en la sede porteña del Ministerio de Trabajo y en delegaciones de todas las provincias de esa cartera y de la ANSES se formaron durante semanas largas colas de personas que esperaban recibir un subsidio de $ 5.000 y que recibieron como única respuesta la promesa de que sus casos serían analizados a pesar de que las autoridades ya se encontraban en retirada y que el presupuesto del plan estaba consumido.

Ricardo Romano
ricardo.romano.cn@outlook.com

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