MAYANS: “CON ESTA LEY BUSCAMOS TENER UN INSTRUMENTO LEGAL OBJETIVO Y TRANSPARENTE PARA LUCHAR CONTRA EL DELITO ORGANIZADO”

El senador nacional peronista por Formosa José Mayans destacó que, con las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley de extinción de dominio de bienes provenientes de crímenes complejos, se busca crear “un instrumento objetivo y transparente para luchar contra el delito organizado”, como es el narcotráfico, el secuestro extorsivo o los ilícitos económicos.

De esa manera, Mayans defendió los cambios efectuados por la Cámara Alta a la media sanción votada en 2016 por la Cámara Diputados.

Al respecto,  destacó que, uno de los puntos más importantes agregados en el Senado, fue “la incorporación del Ministerio Público Fiscal como organismo iniciador de la acción de extinción de dominio ante la justicia”, con lo que se garantiza la independencia del Poder Ejecutivo dado que es “un extra poder, que debe actuar con absoluta imparcialidad, incluso con el sorteo de los causas, y así se evita  la posibilidad de que haya persecución de ningún tipo”, explicó el legislador formoseño.

Recordó, también, que, en la audiencia pública realizada semanas atrás en la Cámara Alta, “por lo menos catorce constitucionalistas consideraron inconstitucional a la media sanción la Cámara Baja porque no garantizaba el debido proceso, no respetaba el derecho a la propiedad privada ni el principio de presunción de inocencia”.

“Además, permitía establecer la extinción del dominio de los bienes a un imputado de un delito sin que hubiera juicio previo ni sentencia, algo que era claramente arbitrario”, reseñó el legislador que impulsó la ampliación de la aplicación de la medida a los casos de delitos económicos.

La referida iniciativa establece que a partir de una sentencia judicial en primera instancia en una causa por delitos complejos previstos en el Código Penal -como económicos, contrabando, narcotráfico, secuestro extorsivo o contra la administración pública- el Estado puede hacerse cargo de los bienes que surjan de los mismos a partir de la decisión judicial.

En ese sentido, Mayans señaló que “las modificaciones realizadas por el Senado permiten subsanar varios de los errores existentes en el proyecto” votado por Diputados y puso como ejemplo la aplicación de “la acción de extinción de dominio a partir de que haya una sentencia judicial en primera instancia, y la  incorporación de la figura de la flagrancia”.

Para el senador, “lo de flagrancia es algo fundamental”, ya que, a diferencia del juicio mediante la presentación de pruebas,  un acusado al ser atrapado en el momento de la comisión de un delito, la justicia ya puede actuar y determinar la quita de los bienes y el traspaso al Estado.

Además, consignó que la nueva versión autoriza el decomiso de todos los bienes que de alguna manera sean utilizados o sean necesarios para cometer un delito determinado.

“Con esto se busca castigar  el delito organizado, dar un servicio de justicia imparcial, transparente y objetivo”, destacó y recordó que también se incorporó “la ampliación de delitos económicos”, como “el lavado de dinero o la evasión agravada”, por lo cual el dinero generado por dichas vías podrá ser decomisado.

E insistió: “Si damos la lucha contra el narcotráfico, el secuestro extorsivo, los crímenes aberrantes, es importante que exista la extinción de dominio de bienes mal habidos, y que el Estado pueda, mediante esa herramienta, limitar la acción de estos grupos nacionales organizados y que tienen conexiones fuera del país”.

Ricardo Romano
ricardo.romano.clorinda@gmail.com

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